Pacto fiscal... ¿y de crecimiento?

Luis Felipe Lagos M.

Frente al rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, el Gobierno ha decidido insistir con un “Pacto Fiscal”. No obstante, será difícil de lograr, dado que no todos entienden lo mismo por un acuerdo o pacto de este tipo.

Persiste en el Gobierno la intención de aumentar la recaudación para financiar múltiples iniciativas, en sí muy discutibles, como son la “deuda de profesores”, la condonación del CAE, y lograr mejoras en la distribución del ingreso. Para algunos, los impuestos siguen siendo un instrumento para “castigar a los más ricos”. No se repara en que, en la mayoría de los países, es el gasto fiscal (transferencias) el que logra una distribución del ingreso disponible más igualitaria que la de los ingresos de mercado, no los impuestos.

“El pacto debiera facultar el tránsito hacia tributos al gasto, no a utilidades retenidas, patrimonio o ganancias de capital. La evidencia al respecto es clara, los impuestos a las empresas e ingreso de las personas son los más distorsionadores”.

Un pacto efectivo debiera comenzar por revisar el gasto y su eficiencia, eliminando programas que son mal evaluados y avanzar decididamente en la modernización del Estado. Asimismo, debe considerar la estructura impositiva, eliminando los desincentivos al ahorro e inversión. El pacto debiera facultar el tránsito hacia tributos al gasto, no a utilidades retenidas, al patrimonio o ganancias de capital. La evidencia al respecto es clara, los impuestos a las empresas e ingreso de las personas son los más distorsionadores; castigan el ahorro e inversión y emprendimiento, lesionando las posibilidades de crecimiento, empleo, mejores salarios y recaudación tributaria.

Algunos argumentan que esta no es la estructura tributaria de los países ricos (OCDE), pero para los países que han alcanzado el desarrollo, el desafío del crecimiento no es tan fundamental. La crítica nos recuerda la reforma arancelaria de los 70. Chile bajó unilateralmente sus aranceles para integrarse al mundo; los retractores alegaban que esto destruiría la industria y sería la ruina del país. Ocurrió lo contrario, el país terminó siendo el más próspero de Latinoamérica y diversificó sus exportaciones incluyendo una serie de productos agroindustriales.

Una economía emergente como Chile no puede tener una tasa de impuesto corporativa de 27% o 25%; esta debe ser inferior al promedio de los países avanzados (23%), digamos 20% para empresas grandes y pequeñas. La mejor ayuda para las MiPYME es facilitar su nacimiento (emprendimiento) e incentivar su crecimiento, no diseñar esquemas excepcionales que las condena a mantenerse como MiPYME con baja productividad. Por su simplicidad y eficiencia, un impuesto parejo (20%) a los ingresos personales y corporativo, junto a un impuesto negativo al ingreso (subsidio), depreciación instantánea en un esquema totalmente integrado, como el caso de Estonia, es un buen sistema tributario.

Un pacto fiscal debe aprovechar la oportunidad del litio, no insistir en el Estado empresario controlador de las empresas que explotan este mineral. Más bien, se debe proseguir con los contratos de arriendo que permitirían aumentar la producción y aprovechar los altos precios, que muy probablemente no persistirán por un largo período. Paralelamente, se puede avanzar en una reforma que haga al litio concesible.

El pacto debe controlar la evasión y elusión, pero en un esquema que sea justo para los contribuyentes, no puede el organismo recaudador ser juez y parte. Finalmente, es crucial para su éxito un amplio acuerdo para que el Estado logre controlar el terrorismo en la macrozona sur y la violencia y delincuencia en las ciudades. Si no se logra, el país dejará de ser atractivo para la inversión extranjera y local, hipotecando las posibilidades de crecimiento.